El Grupo Municipal Popular de Paterna recrimina que el 12 de febrero de 2016 finalizara el contrato de prestación del servicio de Bicicleta Pública y el 22 de enero de 2017 el contrato de prestación del Servicio de Autobús Municipal, sin que el Gobierno del Batà haya gestionado un nuevo contrato para dichos servicios
El Grupo Municipal Popular de Paterna reprocha al Gobierno del Batà que un año y ocho meses después de la finalización del contrato de prestación del servicio de Bicicleta Pública, todavía no se haya gestionado un nuevo contrato para dicho servicio, debiéndose reconocer extrajudicialmente las facturas emitidas por la empresa, puesto que el Ayuntamiento no dispone de los recursos propios necesarios para la prestación del Servicio, que incluye la redistribución de bicicletas entre las diferentes bases del municipio, el mantenimiento y reparación de bicicletas, así como el de las propias bases de anclaje, y el del software de gestión del Servicio.
Asimismo, desde el Grupo Municipal le recriminamos al Gobierno de Paterna que hayan pasado ocho meses desde la finalización del contrato de prestación del Servicio de Autobús Municipal, sin que se haya iniciado el expediente de licitación oportuno, debiéndose, por tanto, reconocer extrajudicialmente las facturas emitidas por la empresa, dado que la empresa ha de seguir prestando el Servicio porque el Ayuntamiento no dispone de los recursos propios necesarios para la prestación del mismo.
También, conviene reseñar que en el informe de fiscalización emitido por la Sindicatura de Comptes se indica claramente que los Ayuntamientos no deben considerar los acuerdos de reconocimiento extrajudicial de crédito como un proceso normal. Incluso, este informe apunta que “estas facturaciones responden a una situación prolongada en el tiempo por lo que constituyen un incumplimiento de la legislación contractual especialmente grave.”
Finalmente, es evidente que se han pagado en torno a 700.000 euros en facturas extrajudiciales, cuando la Sindicatura de Comptes advierte “que los órganos responsables deben adoptar las medidas necesarias para evitar que estas situaciones se reproduzcan reiterada y periódicamente, sin que se deba obviar la exigencia de la depuración de las responsabilidades que correspondan.” También, en el informe se advierte de “que la falta de seguimiento del oportuno procedimiento puede suponer la responsabilidad patrimonial de autoridades y personal, por lo que debe impulsarse el correspondiente expediente sin más dilación.” Por ende, han pasado 20 meses y la situación todavía sigue igual.
